111Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no
necesariamente representan la posición oficial de la USAC y sus miembros.
Las tendencias garantista en el Derecho Penal
Guarantee trends in Criminal Law
Jennifer Nineth Arias Nájera
Estudiante de Doctorado en Derecho Penal y Procesal
Penal, Centro Universitario de Oriente
Universidad de San Carlos de Guatemala, país
Guatemala
[email protected]
https://orcid.org/0009-0002-2119-6148
Resumen
OBJETIVO: comprender cómo las leyes penales han evolucionado a lo largo del
tiempo para adaptarse a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Esto permite
analizar las tendencias en la legislación penal y entender cómo se han desarrollado
las normas jurídicas para abordar de manera efectiva los delitos en la sociedad
actual. MÉTODO: la metodología utilizada se basó en el método inductivo y deductivo
descriptivo, pues se analiza el fenómeno planeado como una hipótesis y generalizando
la información del tema que se plantea, así como derivar de lo general a lo específico.
RESULTADOS: obtener un conocimiento más profundo y completo sobre la evolución
del derecho penal, lo que permite identificar las tendencias y patrones en la legislación
penal a lo largo del tiempo. Esto facilita la comprensión de cómo las leyes penales
han respondido a los cambios en la sociedad y cómo se han adaptado para abordar
de manera eficaz los delitos en un contexto en constante evolución. CONCLUSIÓN:
del derecho penal evolutivo es que este se adapta y cambia a lo largo del tiempo para
reflejar las necesidades y valores de la sociedad en la que se aplica. Esto implica que
las leyes penales deben ser revisadas y actualizadas constantemente para garantizar
que sigan siendo efectivas y justas en un mundo en constante evolución.
Recibido: 23/06/2025
Aceptado: 16/05/2025
Publicado: 20/05/2025
Referencia del artículo
Alvarado Ixtecoc, D. C. (2025). Las tendencias garantista en el Derecho Penal.
Revista de Postgrado
de Derecho, 1(1), 11–128. DOI: https://doi.org/10.36314/postgradosderecho.v1i1.9
Revista de Postgrados de Derecho Vol. 1 No. 1 Año 2025
Artículo Científico
Palabras clave: tendencias legislativas, delitos, sociedad en evolución,
actualización legal, justicia penal, valores sociales
112https://revistapostgradosderecho.cunori.edu.gt
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Abstract
OBJECTIVE: to understand how criminal laws have evolved over time to adapt
to social, cultural, and technological changes. This allows us to analyse trends in
criminal legislation and understand how legal norms have developed to effectively
address crimes in today’s society. METHOD: the methodology used is based on
the inductive and deductive descriptive method, since the planned phenomenon
is analyzed as a hypothesis and generalizing the information of the topic that
is raised, as well as deriving from the general to the specific. RESULTS: to ob-
tain a deeper and more complete knowledge about the evolution of criminal law,
which allows the identification of trends and patterns in criminal legislation over
time. This makes it easier to understand how criminal laws have responded to
changes in society and how they have adapted to effectively address crimes in an
ever-evolving context. CONCLUSION: evolutionary criminal law is that it adapts
and changes over time to reflect the needs and values of the society in which it is
applied. This implies that criminal laws must be constantly reviewed and updated
to ensure that they remain effective and fair in an ever-changing world.
Keywords: legislative trends, crimes, evolving society, legal updating, criminal
justice
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Abstract
OBJECTIVE: to understand how criminal laws have evolved over time to adapt
to social, cultural, and technological changes. This allows us to analyse trends in
criminal legislation and understand how legal norms have developed to effectively
address crimes in today’s society. METHOD: the methodology used is based on
the inductive and deductive descriptive method, since the planned phenomenon
is analyzed as a hypothesis and generalizing the information of the topic that
is raised, as well as deriving from the general to the specific. RESULTS: to ob-
tain a deeper and more complete knowledge about the evolution of criminal law,
which allows the identification of trends and patterns in criminal legislation over
time. This makes it easier to understand how criminal laws have responded to
changes in society and how they have adapted to effectively address crimes in an
ever-evolving context. CONCLUSION: evolutionary criminal law is that it adapts
and changes over time to reflect the needs and values of the society in which it is
applied. This implies that criminal laws must be constantly reviewed and updated
to ensure that they remain effective and fair in an ever-changing world.
Keywords: legislative trends, crimes, evolving society, legal updating, criminal
justice
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Introducción
El derecho penal evolutivo es una disciplina jurídica que se enfoca en el análisis de la evolución
de las leyes penales a lo largo del tiempo y su adaptación a los cambios en la sociedad. Esta
rama del derecho examina cómo las normas jurídicas han ido transformándose para abordar
de manera eficaz los delitos en un contexto en constante evolución. El estudio del derecho
penal evolutivo permite comprender cómo las leyes penales han respondido a los desafíos
sociales, culturales y tecnológicos, y cómo se han modificado para garantizar la justicia y la
seguridad en la sociedad.
A lo largo de la historia, el derecho penal ha experimentado cambios significativos en respuesta
a las transformaciones en la estructura social, los avances tecnológicos y las nuevas formas
de delincuencia. El derecho penal evolutivo se encarga de analizar estas modificaciones y de
identificar las tendencias legislativas que han guiado el desarrollo de las normas penales a lo
largo del tiempo. Este enfoque permite comprender la dinámica de la legislación penal y su
capacidad para adaptarse a las necesidades y valores de la sociedad en cada época.
En última instancia, el estudio del derecho penal evolutivo es fundamental para comprender la
evolución de las normas penales y su impacto en la sociedad. Analizar cómo las leyes penales
han evolucionado a lo largo del tiempo nos brinda una visión más completa de la justicia penal
y nos permite reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrenta el sistema legal en
la actualidad. La investigación en este campo nos ayuda a comprender mejor el papel del
derecho penal en la sociedad y a promover un sistema de justicia más eficaz y equitativo.
Materiales y métodos
La investigación sobre las tendencias garantistas en el Derecho Penal se llevó a cabo
mediante un enfoque cualitativo, utilizando un diseño metodológico que incluyó el análisis
documental de legislación, sentencias judiciales y literatura académica relevante. Se
recopilaron fuentes primarias y secundarias, tales como tratados de Derecho Penal, artículos
de revistas especializadas y tesis doctorales, que permitieron obtener una visión integral del
estado actual de las tendencias garantistas. Para complementar la información, se aplicaron
técnicas de análisis de contenido, que permitieron identificar patrones y temáticas recurrentes
en los discursos sobre el garantismo, así como una revisión comparativa de legislaciones
de diferentes países, destacando sus similitudes y diferencias. Este enfoque metodológico
posibilitó una comprensión profunda del impacto y la evolución de las tendencias garantistas
en el ámbito del Derecho Penal, aportando así una visión crítica sobre su relevancia y desafíos
en el contexto contemporáneo.
Revista de Postgrados de Derecho Vol. 1 No. 1 Año 2025
Introducción
El derecho penal evolutivo es una disciplina jurídica que se enfoca en el análisis de la evolución
de las leyes penales a lo largo del tiempo y su adaptación a los cambios en la sociedad. Esta
rama del derecho examina cómo las normas jurídicas han ido transformándose para abordar
de manera eficaz los delitos en un contexto en constante evolución. El estudio del derecho
penal evolutivo permite comprender cómo las leyes penales han respondido a los desafíos
sociales, culturales y tecnológicos, y cómo se han modificado para garantizar la justicia y la
seguridad en la sociedad.
A lo largo de la historia, el derecho penal ha experimentado cambios significativos en respuesta
a las transformaciones en la estructura social, los avances tecnológicos y las nuevas formas
de delincuencia. El derecho penal evolutivo se encarga de analizar estas modificaciones y de
identificar las tendencias legislativas que han guiado el desarrollo de las normas penales a lo
largo del tiempo. Este enfoque permite comprender la dinámica de la legislación penal y su
capacidad para adaptarse a las necesidades y valores de la sociedad en cada época.
En última instancia, el estudio del derecho penal evolutivo es fundamental para comprender la
evolución de las normas penales y su impacto en la sociedad. Analizar cómo las leyes penales
han evolucionado a lo largo del tiempo nos brinda una visión más completa de la justicia penal
y nos permite reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrenta el sistema legal en
la actualidad. La investigación en este campo nos ayuda a comprender mejor el papel del
derecho penal en la sociedad y a promover un sistema de justicia más eficaz y equitativo.
Materiales y métodos
La investigación sobre las tendencias garantistas en el Derecho Penal se llevó a cabo
mediante un enfoque cualitativo, utilizando un diseño metodológico que incluyó el análisis
documental de legislación, sentencias judiciales y literatura académica relevante. Se
recopilaron fuentes primarias y secundarias, tales como tratados de Derecho Penal, artículos
de revistas especializadas y tesis doctorales, que permitieron obtener una visión integral del
estado actual de las tendencias garantistas. Para complementar la información, se aplicaron
técnicas de análisis de contenido, que permitieron identificar patrones y temáticas recurrentes
en los discursos sobre el garantismo, así como una revisión comparativa de legislaciones
de diferentes países, destacando sus similitudes y diferencias. Este enfoque metodológico
posibilitó una comprensión profunda del impacto y la evolución de las tendencias garantistas
en el ámbito del Derecho Penal, aportando así una visión crítica sobre su relevancia y desafíos
en el contexto contemporáneo.
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Resultados y discusión
1.1. Evolución del derecho penal
La evolución del derecho penal a lo largo de la historia ha sido un tema de gran interés y
debate en el ámbito jurídico. Comprender cómo este sistema de normas y sanciones ha
evolucionado a lo largo de los siglos es fundamental para analizar su papel en la sociedad
actual. En este contexto, explorar las transformaciones del derecho penal nos permite no
solo entender su desarrollo histórico, sino también anticipar los desafíos y oportunidades que
enfrenta en el mundo contemporáneo.
“Se ha dicho que el Derecho Penal en tan antiguo como la humanidad misma, ya que son
los hombres los únicos protagonistas de esta disciplina, de tal manera que las ideas penales
han evolucionado a la par de la sociedad,” y en ese entendido “en el devenir histórico de las
ideas penales, la función de castigar ha tenido diversos fundamentos en diferentes épocas”
(de León Velasco y Mata Vela 2009, p.15). La evolución del derecho penal en un marco
contextual más amplio, en el que se exploran las complejas interacciones entre el sistema
legal y la sociedad a lo largo del tiempo. Al fundamentar el criterio de los autores, se promueve
una comprensión más profunda de las dinámicas históricas y sociales que han configurado el
derecho penal y se abre la puerta a un examen crítico de las prácticas punitivas en diferentes
contextos temporales.
Esta aproximación crítica permite identificar patrones históricos y tendencias en la aplicación
del derecho penal, así como reflexionar sobre los retos éticos y políticos que plantea la función
punitiva en la actualidad.
La definición detallada de cada etapa en la evolución histórica del derecho penal constituye
la base para establecer los fundamentos conceptuales indispensables. Estos fundamentos
permiten no solo comprender sino también analizar de manera crítica el desarrollo del sistema
penal a través del tiempo. Dicha estructuración se presenta de la manera siguiente:
• Época de la Venganza Privada: La comprensión de las etapas evolutivas del derecho
penal es fundamental para analizar de manera integral el desarrollo histórico de este
campo jurídico. Tal como lo señala Jiménez de Asúa, en su obra "Tratado de Derecho
Penal", la primera etapa en la evolución histórica del derecho penal se caracterizó por la
"venganza privada". En esta época, la reacción frente al delito era llevada a cabo por la
propia víctima o su familia, sin la intervención de ninguna autoridad pública (Jiménez De
Asúa,1958, p. 87).
• Época de la Venganza Divina: Según Cuello Calón, en su obra "Derecho Penal", la
segunda etapa en la evolución histórica del derecho penal se caracterizó por la "venganza
divina". En esta época, se creía que el delito era una ofensa contra los dioses, por lo que
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Resultados y discusión
1.1. Evolución del derecho penal
La evolución del derecho penal a lo largo de la historia ha sido un tema de gran interés y
debate en el ámbito jurídico. Comprender cómo este sistema de normas y sanciones ha
evolucionado a lo largo de los siglos es fundamental para analizar su papel en la sociedad
actual. En este contexto, explorar las transformaciones del derecho penal nos permite no
solo entender su desarrollo histórico, sino también anticipar los desafíos y oportunidades que
enfrenta en el mundo contemporáneo.
“Se ha dicho que el Derecho Penal en tan antiguo como la humanidad misma, ya que son
los hombres los únicos protagonistas de esta disciplina, de tal manera que las ideas penales
han evolucionado a la par de la sociedad,” y en ese entendido “en el devenir histórico de las
ideas penales, la función de castigar ha tenido diversos fundamentos en diferentes épocas”
(de León Velasco y Mata Vela 2009, p.15). La evolución del derecho penal en un marco
contextual más amplio, en el que se exploran las complejas interacciones entre el sistema
legal y la sociedad a lo largo del tiempo. Al fundamentar el criterio de los autores, se promueve
una comprensión más profunda de las dinámicas históricas y sociales que han configurado el
derecho penal y se abre la puerta a un examen crítico de las prácticas punitivas en diferentes
contextos temporales.
Esta aproximación crítica permite identificar patrones históricos y tendencias en la aplicación
del derecho penal, así como reflexionar sobre los retos éticos y políticos que plantea la función
punitiva en la actualidad.
La definición detallada de cada etapa en la evolución histórica del derecho penal constituye
la base para establecer los fundamentos conceptuales indispensables. Estos fundamentos
permiten no solo comprender sino también analizar de manera crítica el desarrollo del sistema
penal a través del tiempo. Dicha estructuración se presenta de la manera siguiente:
• Época de la Venganza Privada: La comprensión de las etapas evolutivas del derecho
penal es fundamental para analizar de manera integral el desarrollo histórico de este
campo jurídico. Tal como lo señala Jiménez de Asúa, en su obra "Tratado de Derecho
Penal", la primera etapa en la evolución histórica del derecho penal se caracterizó por la
"venganza privada". En esta época, la reacción frente al delito era llevada a cabo por la
propia víctima o su familia, sin la intervención de ninguna autoridad pública (Jiménez De
Asúa,1958, p. 87).
• Época de la Venganza Divina: Según Cuello Calón, en su obra "Derecho Penal", la
segunda etapa en la evolución histórica del derecho penal se caracterizó por la "venganza
divina". En esta época, se creía que el delito era una ofensa contra los dioses, por lo que
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la reacción frente al crimen era considerada una forma de expiación o purificación a través
de castigos impuestos por la divinidad (Cuello Calón, 1942, p. 45). Por otro lado, Puig
Peña determina que proceso inquisitivo era la institución canónica creada, por el Concilio
de Verona (1184), cuya finalidad era la de investigar, sancionar, erradicar y juzgar los
delitos de herejía, también fue denominada Santo Oficio (1968, p.27).
• Época de la Venganza Pública: se caracterizaba por la imposición de castigos corporales
y espectaculares, donde el cuerpo del condenado se convertía en el escenario principal
de la aplicación de la justicia. El objetivo era infligir sufrimiento al infractor como forma
de retribución por el delito cometido y restablecer el orden social y el poder del soberano
(Foucault, 2002, p. 47).
Para el jurista y criminólogo Beccaria, la "época de la venganza pública" representaba un
sistema penal arcaico y cruel, basado en la arbitrariedad y el abuso de poder por parte de las
autoridades. Beccaria abogaba por la humanización de las penas y la proporcionalidad entre
el delito y el castigo (1764, p.40).
Período Humanitario: Foucault define el "periodo humanitario" como aquel en el que se produce
un cambio en la concepción del castigo, alejándose de los suplicios públicos y orientándose
hacia la privación de la libertad y la rehabilitación del delincuente. Este cambio refleja una
transformación en la concepción del poder y del control social (2002, p.85).
Beccaria, en su obra "De los Delitos y de las Penas", considera que el "periodo humanitario"
representa un avance en la humanización de las penas, al proponer la abolición de los castigos
crueles y desproporcionados, y la adopción de penas más moderadas y orientadas a la
prevención del delito. Beccaria abogaba por una justicia penal basada en la proporcionalidad
y la protección de los derechos de los ciudadanos (1964, p.40).
En este sentido, el análisis del "periodo humanitario" en el derecho penal debe abordarse de
manera integral, considerando tanto sus logros como sus pendientes, con el fin de contribuir
a la construcción de un sistema de justicia criminal más justo, eficaz y respetuoso de la
dignidad humana. Este análisis crítico y fundamentado constituye un aporte valioso para la
tesis doctoral en esta área del conocimiento.
• Etapa científica: se inicia con la obra de Cesare Beccaria, quien propuso un sistema de
penas más humano y racional, basado en principios de prevención y proporcionalidad.
Posteriormente, la Escuela Positiva Italiana, liderada por Lombroso, Ferri y Garófalo,
introdujo el estudio científico de la criminalidad y el delincuente, utilizando métodos de la
medicina, la psicología y la sociología" (Zaffaroni, 2011, p.26).
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la reacción frente al crimen era considerada una forma de expiación o purificación a través
de castigos impuestos por la divinidad (Cuello Calón, 1942, p. 45). Por otro lado, Puig
Peña determina que proceso inquisitivo era la institución canónica creada, por el Concilio
de Verona (1184), cuya finalidad era la de investigar, sancionar, erradicar y juzgar los
delitos de herejía, también fue denominada Santo Oficio (1968, p.27).
• Época de la Venganza Pública: se caracterizaba por la imposición de castigos corporales
y espectaculares, donde el cuerpo del condenado se convertía en el escenario principal
de la aplicación de la justicia. El objetivo era infligir sufrimiento al infractor como forma
de retribución por el delito cometido y restablecer el orden social y el poder del soberano
(Foucault, 2002, p. 47).
Para el jurista y criminólogo Beccaria, la "época de la venganza pública" representaba un
sistema penal arcaico y cruel, basado en la arbitrariedad y el abuso de poder por parte de las
autoridades. Beccaria abogaba por la humanización de las penas y la proporcionalidad entre
el delito y el castigo (1764, p.40).
Período Humanitario: Foucault define el "periodo humanitario" como aquel en el que se produce
un cambio en la concepción del castigo, alejándose de los suplicios públicos y orientándose
hacia la privación de la libertad y la rehabilitación del delincuente. Este cambio refleja una
transformación en la concepción del poder y del control social (2002, p.85).
Beccaria, en su obra "De los Delitos y de las Penas", considera que el "periodo humanitario"
representa un avance en la humanización de las penas, al proponer la abolición de los castigos
crueles y desproporcionados, y la adopción de penas más moderadas y orientadas a la
prevención del delito. Beccaria abogaba por una justicia penal basada en la proporcionalidad
y la protección de los derechos de los ciudadanos (1964, p.40).
En este sentido, el análisis del "periodo humanitario" en el derecho penal debe abordarse de
manera integral, considerando tanto sus logros como sus pendientes, con el fin de contribuir
a la construcción de un sistema de justicia criminal más justo, eficaz y respetuoso de la
dignidad humana. Este análisis crítico y fundamentado constituye un aporte valioso para la
tesis doctoral en esta área del conocimiento.
• Etapa científica: se inicia con la obra de Cesare Beccaria, quien propuso un sistema de
penas más humano y racional, basado en principios de prevención y proporcionalidad.
Posteriormente, la Escuela Positiva Italiana, liderada por Lombroso, Ferri y Garófalo,
introdujo el estudio científico de la criminalidad y el delincuente, utilizando métodos de la
medicina, la psicología y la sociología" (Zaffaroni, 2011, p.26).
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• Época moderna: La evolución del Derecho Penal en la Época Moderna se caracteriza por
varios conceptos clave.
“Humanización del Derecho Penal: Definición: Durante la Época Moderna, el Derecho Penal
experimentó un proceso de humanización, alejándose de las prácticas penales crueles y
buscando un mayor respeto por los derechos y la dignidad de los individuos.” (Zaffaroni, 2011,
p. 85).
“Codificación del Derecho Penal: Definición: En la Época Moderna, se dio un proceso de
codificación del Derecho Penal, con la promulgación de códigos penales que buscaban
sistematizar y unificar la legislación penal.” (Balcigalupo, 2004, p. 54).
“Codificación del Derecho Penal: Definición: En la Época Moderna, se dio un proceso de
codificación del Derecho Penal, con la promulgación de códigos penales que buscaban
sistematizar y unificar la legislación penal.” (Claus, 2006, p. 137).
1.2. El origen de la doctrina penal liberal
El origen de la doctrina penal liberal encuentra sus antecedentes históricos en el periodo de
la Ilustración, a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Durante esta época, diversos
pensadores como Cesare Beccaria y Jeremy Bentham sentaron las bases del pensamiento
liberal en materia penal. Sus obras, como "De los delitos y las penas" de Beccaria y "El
panóptico" de Bentham, cuestionaban los abusos del sistema penal de la época y promovían
la humanización de las penas, la proporcionalidad entre delito y castigo, y la idea de que el fin
último de la pena debía ser la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente.
Ante las críticas hacia la doctrina penal liberal, se han planteado diversas respuestas y
defensas en su favor. Los defensores de esta doctrina argumentan que garantizar los
derechos del delincuente es una forma de proteger el Estado de Derecho y evitar posibles
abusos del poder punitivo del Estado. Se destaca que el enfoque liberal busca evitar las
penas desproporcionadas y fomentar la reinserción de los delincuentes en la sociedad, lo cual
contribuye a la prevención de futuros delitos. Asimismo, se defiende el enfoque individualista
de la doctrina liberal al considerar que cada persona tiene responsabilidad y libre albedrío para
tomar decisiones. Finalmente, se argumenta que la protección de los derechos individuales
es fundamental para el buen funcionamiento de una sociedad democrática y justa.
Revista de Postgrados de Derecho Vol. 1 No. 1 Año 2025
• Época moderna: La evolución del Derecho Penal en la Época Moderna se caracteriza por
varios conceptos clave.
“Humanización del Derecho Penal: Definición: Durante la Época Moderna, el Derecho Penal
experimentó un proceso de humanización, alejándose de las prácticas penales crueles y
buscando un mayor respeto por los derechos y la dignidad de los individuos.” (Zaffaroni, 2011,
p. 85).
“Codificación del Derecho Penal: Definición: En la Época Moderna, se dio un proceso de
codificación del Derecho Penal, con la promulgación de códigos penales que buscaban
sistematizar y unificar la legislación penal.” (Balcigalupo, 2004, p. 54).
“Codificación del Derecho Penal: Definición: En la Época Moderna, se dio un proceso de
codificación del Derecho Penal, con la promulgación de códigos penales que buscaban
sistematizar y unificar la legislación penal.” (Claus, 2006, p. 137).
1.2. El origen de la doctrina penal liberal
El origen de la doctrina penal liberal encuentra sus antecedentes históricos en el periodo de
la Ilustración, a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Durante esta época, diversos
pensadores como Cesare Beccaria y Jeremy Bentham sentaron las bases del pensamiento
liberal en materia penal. Sus obras, como "De los delitos y las penas" de Beccaria y "El
panóptico" de Bentham, cuestionaban los abusos del sistema penal de la época y promovían
la humanización de las penas, la proporcionalidad entre delito y castigo, y la idea de que el fin
último de la pena debía ser la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente.
Ante las críticas hacia la doctrina penal liberal, se han planteado diversas respuestas y
defensas en su favor. Los defensores de esta doctrina argumentan que garantizar los
derechos del delincuente es una forma de proteger el Estado de Derecho y evitar posibles
abusos del poder punitivo del Estado. Se destaca que el enfoque liberal busca evitar las
penas desproporcionadas y fomentar la reinserción de los delincuentes en la sociedad, lo cual
contribuye a la prevención de futuros delitos. Asimismo, se defiende el enfoque individualista
de la doctrina liberal al considerar que cada persona tiene responsabilidad y libre albedrío para
tomar decisiones. Finalmente, se argumenta que la protección de los derechos individuales
es fundamental para el buen funcionamiento de una sociedad democrática y justa.
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1.3. La visión del derecho penal como ultima ratio
"La visión del derecho penal como ultima ratio". Se explicará brevemente en qué consiste este
enfoque y su relevancia en el ámbito del derecho penal. Además, se destacará la importancia
de comprender los fundamentos de este principio y cómo se aplica en la práctica. A lo largo
de este trabajo, se analizarán los pilares fundamentales que sustentan esta visión, así como
también las críticas que se le han formulado. Finalmente, se concluirá con una reflexión sobre
las implicancias y limitaciones de esta perspectiva en el sistema penal.
La visión del derecho penal como "ultima ratio" es un principio fundamental en la teoría del
derecho penal que se refiere a la idea de que el derecho penal debe ser el último recurso
utilizado para resolver problemas sociales y conductas desviadas. Esta perspectiva sostiene
que antes de recurrir al derecho penal, se deben considerar y agotar otras medidas menos
restrictivas y más preventivas.
Según Roxin, uno de los principales exponentes de esta teoría, el derecho penal solo debe inter-
venir cuando otros medios del derecho (como el civil, administrativo o incluso medidas sociales
y educativas) no sean suficientes para proteger los bienes jurídicos esenciales (1997, p. 65).
El derecho penal como ultima ratio se fundamenta en la idea de que el sistema penal debe
ser utilizado como último recurso, es decir, solo cuando no haya otras alternativas disponibles
para sancionar las conductas delictivas. Esta concepción se basa en la necesidad de evitar el
uso excesivo o innecesario de la pena y promover la búsqueda de medidas menos coercitivas.
De esta forma, se busca proteger los derechos individuales y favorecer la reinserción social
de los infractores.
Principios de la "ultima ratio"
1. Presunción de inocencia: "La presunción de inocencia es un derecho fundamental que
implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se
demuestre su culpabilidad de forma plena y concluyente. Este principio obliga a las autoridades
a asumir que el acusado es inocente y a llevar a cabo todas las actuaciones procesales con
este supuesto, correspondiendo la carga de la prueba a la acusación, que debe desvirtuar la
presunción de inocencia mediante pruebas suficientes y válidas." (Beccaria, 1964, p. 59).
"La presunción de inocencia es un derecho humano que garantiza que nadie puede ser
considerado culpable de un delito sin que exista una sentencia firme que así lo declare, producto
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1.3. La visión del derecho penal como ultima ratio
"La visión del derecho penal como ultima ratio". Se explicará brevemente en qué consiste este
enfoque y su relevancia en el ámbito del derecho penal. Además, se destacará la importancia
de comprender los fundamentos de este principio y cómo se aplica en la práctica. A lo largo
de este trabajo, se analizarán los pilares fundamentales que sustentan esta visión, así como
también las críticas que se le han formulado. Finalmente, se concluirá con una reflexión sobre
las implicancias y limitaciones de esta perspectiva en el sistema penal.
La visión del derecho penal como "ultima ratio" es un principio fundamental en la teoría del
derecho penal que se refiere a la idea de que el derecho penal debe ser el último recurso
utilizado para resolver problemas sociales y conductas desviadas. Esta perspectiva sostiene
que antes de recurrir al derecho penal, se deben considerar y agotar otras medidas menos
restrictivas y más preventivas.
Según Roxin, uno de los principales exponentes de esta teoría, el derecho penal solo debe inter-
venir cuando otros medios del derecho (como el civil, administrativo o incluso medidas sociales
y educativas) no sean suficientes para proteger los bienes jurídicos esenciales (1997, p. 65).
El derecho penal como ultima ratio se fundamenta en la idea de que el sistema penal debe
ser utilizado como último recurso, es decir, solo cuando no haya otras alternativas disponibles
para sancionar las conductas delictivas. Esta concepción se basa en la necesidad de evitar el
uso excesivo o innecesario de la pena y promover la búsqueda de medidas menos coercitivas.
De esta forma, se busca proteger los derechos individuales y favorecer la reinserción social
de los infractores.
Principios de la "ultima ratio"
1. Presunción de inocencia: "La presunción de inocencia es un derecho fundamental que
implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se
demuestre su culpabilidad de forma plena y concluyente. Este principio obliga a las autoridades
a asumir que el acusado es inocente y a llevar a cabo todas las actuaciones procesales con
este supuesto, correspondiendo la carga de la prueba a la acusación, que debe desvirtuar la
presunción de inocencia mediante pruebas suficientes y válidas." (Beccaria, 1964, p. 59).
"La presunción de inocencia es un derecho humano que garantiza que nadie puede ser
considerado culpable de un delito sin que exista una sentencia firme que así lo declare, producto
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de un proceso judicial en el que se hayan respetado todas las garantías del debido proceso.
Este principio impone a las autoridades la obligación de tratar al imputado como inocente y de
probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable." (Ferrajoli, 1995, p. 548).
"La presunción de inocencia es un principio jurídico fundamental que establece que toda persona
acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad de
manera fehaciente. Este principio implica que la carga de la prueba recae sobre la acusación,
que debe aportar pruebas suficientes y válidas para desvirtuar la presunción de inocencia, y
que el imputado no tiene la obligación de probar su inocencia." (Roxin, 2000, p. 87).
La presunción de inocencia es un principio fundamental en el derecho penal como ultima ratio.
Este principio establece que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre
su culpabilidad de manera legal y fehaciente. Es decir, corresponde al Estado probar la
culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. La presunción de inocencia busca
garantizar los derechos fundamentales de las personas y evitar condenas injustas o erróneas.
2. Proporcionalidad: las sanciones penales deben ser proporcionales a la gravedad del
delito. Este principio busca evitar el abuso en el uso del derecho penal y asegurar que las
penas no sean ni demasiado leves ni excesivamente severas.
El principio de intervención mínima establece que el derecho penal debe intervenir lo menos
posible en la vida de las personas. Esto implica que solo se debe recurrir al sistema penal
cuando sea estrictamente necesario para proteger bienes jurídicos fundamentales y cuando
otras medidas menos gravosas no sean suficientes. De esta manera, se busca evitar la
criminalización excesiva y fomentar la resolución de conflictos de manera pacífica y no punitiva.
El principio de proporcionalidad es otro de los pilares fundamentales de la visión del derecho
penal como "ultima ratio". Este principio se manifiesta de la siguiente manera:
Adecuación de la pena: La adecuación de la pena implica que la sanción penal debe ser
proporcional a la gravedad del delito cometido. Según Jescheck "la pena debe ser adecuada
a la culpabilidad del autor y a la gravedad del hecho" (Jescheck, 2002, p. 8).
Prohibición de exceso: la prohibición de exceso establece que las medidas penales no
deben ser más gravosas de lo necesario para alcanzar los fines de prevención y protección
de bienes jurídicos. Según Roxin, "la pena no debe ser más grave de lo necesario para
alcanzar los fines de prevención" (Roxin, 1997, p. 90).
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de un proceso judicial en el que se hayan respetado todas las garantías del debido proceso.
Este principio impone a las autoridades la obligación de tratar al imputado como inocente y de
probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable." (Ferrajoli, 1995, p. 548).
"La presunción de inocencia es un principio jurídico fundamental que establece que toda persona
acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad de
manera fehaciente. Este principio implica que la carga de la prueba recae sobre la acusación,
que debe aportar pruebas suficientes y válidas para desvirtuar la presunción de inocencia, y
que el imputado no tiene la obligación de probar su inocencia." (Roxin, 2000, p. 87).
La presunción de inocencia es un principio fundamental en el derecho penal como ultima ratio.
Este principio establece que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre
su culpabilidad de manera legal y fehaciente. Es decir, corresponde al Estado probar la
culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. La presunción de inocencia busca
garantizar los derechos fundamentales de las personas y evitar condenas injustas o erróneas.
2. Proporcionalidad: las sanciones penales deben ser proporcionales a la gravedad del
delito. Este principio busca evitar el abuso en el uso del derecho penal y asegurar que las
penas no sean ni demasiado leves ni excesivamente severas.
El principio de intervención mínima establece que el derecho penal debe intervenir lo menos
posible en la vida de las personas. Esto implica que solo se debe recurrir al sistema penal
cuando sea estrictamente necesario para proteger bienes jurídicos fundamentales y cuando
otras medidas menos gravosas no sean suficientes. De esta manera, se busca evitar la
criminalización excesiva y fomentar la resolución de conflictos de manera pacífica y no punitiva.
El principio de proporcionalidad es otro de los pilares fundamentales de la visión del derecho
penal como "ultima ratio". Este principio se manifiesta de la siguiente manera:
Adecuación de la pena: La adecuación de la pena implica que la sanción penal debe ser
proporcional a la gravedad del delito cometido. Según Jescheck "la pena debe ser adecuada
a la culpabilidad del autor y a la gravedad del hecho" (Jescheck, 2002, p. 8).
Prohibición de exceso: la prohibición de exceso establece que las medidas penales no
deben ser más gravosas de lo necesario para alcanzar los fines de prevención y protección
de bienes jurídicos. Según Roxin, "la pena no debe ser más grave de lo necesario para
alcanzar los fines de prevención" (Roxin, 1997, p. 90).
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La proporcionalidad de la pena es un principio fundamental del derecho penal como ultima
ratio. Este principio establece que la pena impuesta a un infractor debe ser proporcional a la
gravedad y culpabilidad del delito cometido. Es decir, la sanción debe ser adecuada y justa,
evitando tanto penas excesivamente severas como penas demasiado indulgentes. Asimismo,
se busca garantizar que la pena cumpla con su finalidad resocializadora y no lleve a una
retribución desproporcionada o vengativa.
3. Intervención mínima: el derecho penal debe limitarse a sancionar conductas que resulten
significativamente lesivas para los bienes jurídicos más importantes de la sociedad, como
la vida, la libertad y la propiedad. No todas las conductas inmorales o indeseables deben
criminalizarse.
El principio de intervención mínima es uno de los pilares fundamentales de la visión del
derecho penal como "ultima ratio". Este principio se manifiesta en dos conceptos amplios:
La fragmentariedad del derecho penal implica que este solo debe intervenir para proteger los
bienes jurídicos más importantes de la sociedad, dejando que otras ramas del derecho se
encarguen de regular conductas menos lesivas. Según Muñoz Conde, "el derecho penal no
puede abarcar todo el ámbito de lo ilícito, sino que debe limitarse a aquellas conductas que
lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos más importantes" (Muñoz Conde, 2015, p.
76).
El carácter subsidiario del derecho penal significa que este solo debe intervenir cuando
otros mecanismos de control social, como el derecho civil o administrativo, hayan resultado
insuficientes. Según Mir Puig, "el Derecho penal sólo debe intervenir cuando sea estrictamente
necesario, es decir, cuando los demás controles sociales y jurídicos no basten para evitar
conductas indeseables" (Mir Puig, 2016, p. 117).
Estos dos conceptos amplios del principio de intervención mínima buscan limitar el ámbito de
aplicación del derecho penal, reservándolo únicamente para los casos más graves y cuando
otros medios de control social hayan resultado insuficientes.
Implicaciones de la "ultima ratio"
• Prevención: promueve el uso de políticas de prevención y educación como medios prima-
rios para evitar el delito, reservando el derecho penal para los casos más graves y donde
otros medios hayan fallado.
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La proporcionalidad de la pena es un principio fundamental del derecho penal como ultima
ratio. Este principio establece que la pena impuesta a un infractor debe ser proporcional a la
gravedad y culpabilidad del delito cometido. Es decir, la sanción debe ser adecuada y justa,
evitando tanto penas excesivamente severas como penas demasiado indulgentes. Asimismo,
se busca garantizar que la pena cumpla con su finalidad resocializadora y no lleve a una
retribución desproporcionada o vengativa.
3. Intervención mínima: el derecho penal debe limitarse a sancionar conductas que resulten
significativamente lesivas para los bienes jurídicos más importantes de la sociedad, como
la vida, la libertad y la propiedad. No todas las conductas inmorales o indeseables deben
criminalizarse.
El principio de intervención mínima es uno de los pilares fundamentales de la visión del
derecho penal como "ultima ratio". Este principio se manifiesta en dos conceptos amplios:
La fragmentariedad del derecho penal implica que este solo debe intervenir para proteger los
bienes jurídicos más importantes de la sociedad, dejando que otras ramas del derecho se
encarguen de regular conductas menos lesivas. Según Muñoz Conde, "el derecho penal no
puede abarcar todo el ámbito de lo ilícito, sino que debe limitarse a aquellas conductas que
lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos más importantes" (Muñoz Conde, 2015, p.
76).
El carácter subsidiario del derecho penal significa que este solo debe intervenir cuando
otros mecanismos de control social, como el derecho civil o administrativo, hayan resultado
insuficientes. Según Mir Puig, "el Derecho penal sólo debe intervenir cuando sea estrictamente
necesario, es decir, cuando los demás controles sociales y jurídicos no basten para evitar
conductas indeseables" (Mir Puig, 2016, p. 117).
Estos dos conceptos amplios del principio de intervención mínima buscan limitar el ámbito de
aplicación del derecho penal, reservándolo únicamente para los casos más graves y cuando
otros medios de control social hayan resultado insuficientes.
Implicaciones de la "ultima ratio"
• Prevención: promueve el uso de políticas de prevención y educación como medios prima-
rios para evitar el delito, reservando el derecho penal para los casos más graves y donde
otros medios hayan fallado.
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• Reforma legal: impulsa la revisión y posible derogación de leyes penales que no cumplen
con el criterio de necesidad o que podrían ser mejor reguladas por otros medios legales.
• Justicia restaurativa: fomenta enfoques alternativos a la justicia penal tradicional, como
la mediación y otros métodos de resolución de conflictos que buscan reparar el daño y
reintegrar al ofensor a la sociedad.
Críticas
• Ambigüedad: determinar cuándo el derecho penal es realmente el último recurso puede
ser subjetivo y variar según diferentes contextos culturales y legales.
• Desigualdad en la aplicación: en la práctica, el principio de ultima ratio puede aplicarse
de manera inconsistente, lo que puede llevar a desigualdades en la administración de la
justicia.
• Retos en la implementación: la implementación de este principio requiere un equilibrio
delicado entre proteger a la sociedad y respetar los derechos individuales, lo cual no
siempre es fácil de lograr.
El concepto de derecho penal como "ultima ratio" es crucial para asegurar un uso justo y
equitativo del poder punitivo del estado, evitando excesos y promoviendo soluciones más
humanas y efectivas a problemas sociales. Sin embargo, su aplicación práctica requiere un
análisis cuidadoso y continuo para asegurar que se mantenga su espíritu original.
La visión del derecho penal como ultima ratio no está exenta de críticas. Algunos argumentan
que el sistema penal no es efectivo en la prevención del delito, ya que la tasa de reincidencia
sigue siendo alta. Además, se critica el enfoque punitivo del sistema, argumentando que se
centra demasiado en castigar y encarcelar a las personas, en lugar de abordar las causas
subyacentes del delito. Otros argumentan que el sistema penal tiene un impacto negativo en
los derechos individuales, especialmente en la privacidad y la libertad personal. Por último,
existe preocupación por la privatización del sistema penitenciario, ya que se considera que
prioriza el lucro sobre la rehabilitación y reintegración de los infractores.
La eficacia del sistema penal como mecanismo de disuasión y prevención del delito ha sido
objeto de crítica. Algunos argumentan que el incremento de las penas no ha logrado reducir la
incidencia del delito, lo que cuestiona la efectividad de este enfoque. Además, se plantea que
el sistema se enfoca demasiado en el castigo y la retribución, descuidando la rehabilitación
y la reintegración de los infractores, lo que contribuye a altas tasas de reincidencia. Estas
críticas ponen en duda la capacidad del sistema penal para cumplir su objetivo de proteger a
la sociedad y prevenir el delito de manera efectiva.
Revista de Postgrados de Derecho Vol. 1 No. 1 Año 2025
• Reforma legal: impulsa la revisión y posible derogación de leyes penales que no cumplen
con el criterio de necesidad o que podrían ser mejor reguladas por otros medios legales.
• Justicia restaurativa: fomenta enfoques alternativos a la justicia penal tradicional, como
la mediación y otros métodos de resolución de conflictos que buscan reparar el daño y
reintegrar al ofensor a la sociedad.
Críticas
• Ambigüedad: determinar cuándo el derecho penal es realmente el último recurso puede
ser subjetivo y variar según diferentes contextos culturales y legales.
• Desigualdad en la aplicación: en la práctica, el principio de ultima ratio puede aplicarse
de manera inconsistente, lo que puede llevar a desigualdades en la administración de la
justicia.
• Retos en la implementación: la implementación de este principio requiere un equilibrio
delicado entre proteger a la sociedad y respetar los derechos individuales, lo cual no
siempre es fácil de lograr.
El concepto de derecho penal como "ultima ratio" es crucial para asegurar un uso justo y
equitativo del poder punitivo del estado, evitando excesos y promoviendo soluciones más
humanas y efectivas a problemas sociales. Sin embargo, su aplicación práctica requiere un
análisis cuidadoso y continuo para asegurar que se mantenga su espíritu original.
La visión del derecho penal como ultima ratio no está exenta de críticas. Algunos argumentan
que el sistema penal no es efectivo en la prevención del delito, ya que la tasa de reincidencia
sigue siendo alta. Además, se critica el enfoque punitivo del sistema, argumentando que se
centra demasiado en castigar y encarcelar a las personas, en lugar de abordar las causas
subyacentes del delito. Otros argumentan que el sistema penal tiene un impacto negativo en
los derechos individuales, especialmente en la privacidad y la libertad personal. Por último,
existe preocupación por la privatización del sistema penitenciario, ya que se considera que
prioriza el lucro sobre la rehabilitación y reintegración de los infractores.
La eficacia del sistema penal como mecanismo de disuasión y prevención del delito ha sido
objeto de crítica. Algunos argumentan que el incremento de las penas no ha logrado reducir la
incidencia del delito, lo que cuestiona la efectividad de este enfoque. Además, se plantea que
el sistema se enfoca demasiado en el castigo y la retribución, descuidando la rehabilitación
y la reintegración de los infractores, lo que contribuye a altas tasas de reincidencia. Estas
críticas ponen en duda la capacidad del sistema penal para cumplir su objetivo de proteger a
la sociedad y prevenir el delito de manera efectiva.
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La visión del derecho penal como ultima ratio también ha sido objeto de críticas en cuanto a
su impacto en los derechos individuales. Al imponer penas y restricciones sobre la libertad
personal, el sistema penal puede vulnerar derechos fundamentales, como la presunción de
inocencia y la libertad de movimiento. Además, el aumento de la vigilancia y el control por
parte del sistema penal puede afectar la privacidad y la dignidad de las personas. Estas crí-
ticas plantean la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la sociedad y la
garantía de los derechos individuales en el marco del sistema penal.
La privatización del sistema penitenciario ha generado preocupación y críticas en relación con
la visión del derecho penal como ultima ratio. Al entregar la gestión de las prisiones a empresas
privadas, se plantea el riesgo de que se priorice el lucro sobre la rehabilitación y reintegración
de los infractores. Existen preocupaciones sobre la falta de transparencia y rendición de
cuentas en el funcionamiento de las prisiones privadas, así como posibles conflictos de interés.
Además, se argumenta que la privatización puede generar una dependencia del sistema
penal en la generación de beneficios económicos, lo que puede distorsionar los objetivos y
principios fundamentales del derecho penal.
El derecho penal debe ser entendido como ultima ratio en el sistema de justicia criminal. Los
fundamentos de intervención mínima, proporcionalidad de la pena y presunción de inocencia
son pilares fundamentales para garantizar un sistema equitativo. Sin embargo, es necesario
aplicar correctamente el derecho penal como ultima ratio, enfocándose en delitos de mayor
gravedad y considerando alternativas al encarcelamiento cuando sea posible. Además, es
importante evaluar las críticas al sistema, como la efectividad del sistema penal, el impacto
en los derechos individuales y la privatización del sistema penitenciario, con el fin de mejorar
y fortalecer el sistema de justicia penal en su conjunto.
1.4. Afinidades entre el derecho penal liberal y el constitucionalismo actual
Las afinidades entre el derecho penal liberal y el constitucionalismo actual. Para lograr esto,
se realizará un exhaustivo estudio de ambos conceptos y de su relación mutua. El análisis
comparativo posterior de casos jurisprudenciales permitirá profundizar en las similitudes y
diferencias entre ambas ramas del derecho. A través de este estudio, se pretende contribuir al
entendimiento y fortalecimiento de ambas ramas, y destacar su importancia en la protección
de los derechos individuales y en la garantía de un sistema penal justo y equitativo.
Estas ramas del derecho desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos
individuales y en la garantía de un sistema penal justo y equitativo. A través de este estudio, se
busca promover un mayor entendimiento de la importancia de estas afinidades y su impacto en
la jurisprudencia actual. Además, esta investigación tiene como finalidad contribuir al debate
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La visión del derecho penal como ultima ratio también ha sido objeto de críticas en cuanto a
su impacto en los derechos individuales. Al imponer penas y restricciones sobre la libertad
personal, el sistema penal puede vulnerar derechos fundamentales, como la presunción de
inocencia y la libertad de movimiento. Además, el aumento de la vigilancia y el control por
parte del sistema penal puede afectar la privacidad y la dignidad de las personas. Estas crí-
ticas plantean la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la sociedad y la
garantía de los derechos individuales en el marco del sistema penal.
La privatización del sistema penitenciario ha generado preocupación y críticas en relación con
la visión del derecho penal como ultima ratio. Al entregar la gestión de las prisiones a empresas
privadas, se plantea el riesgo de que se priorice el lucro sobre la rehabilitación y reintegración
de los infractores. Existen preocupaciones sobre la falta de transparencia y rendición de
cuentas en el funcionamiento de las prisiones privadas, así como posibles conflictos de interés.
Además, se argumenta que la privatización puede generar una dependencia del sistema
penal en la generación de beneficios económicos, lo que puede distorsionar los objetivos y
principios fundamentales del derecho penal.
El derecho penal debe ser entendido como ultima ratio en el sistema de justicia criminal. Los
fundamentos de intervención mínima, proporcionalidad de la pena y presunción de inocencia
son pilares fundamentales para garantizar un sistema equitativo. Sin embargo, es necesario
aplicar correctamente el derecho penal como ultima ratio, enfocándose en delitos de mayor
gravedad y considerando alternativas al encarcelamiento cuando sea posible. Además, es
importante evaluar las críticas al sistema, como la efectividad del sistema penal, el impacto
en los derechos individuales y la privatización del sistema penitenciario, con el fin de mejorar
y fortalecer el sistema de justicia penal en su conjunto.
1.4. Afinidades entre el derecho penal liberal y el constitucionalismo actual
Las afinidades entre el derecho penal liberal y el constitucionalismo actual. Para lograr esto,
se realizará un exhaustivo estudio de ambos conceptos y de su relación mutua. El análisis
comparativo posterior de casos jurisprudenciales permitirá profundizar en las similitudes y
diferencias entre ambas ramas del derecho. A través de este estudio, se pretende contribuir al
entendimiento y fortalecimiento de ambas ramas, y destacar su importancia en la protección
de los derechos individuales y en la garantía de un sistema penal justo y equitativo.
Estas ramas del derecho desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos
individuales y en la garantía de un sistema penal justo y equitativo. A través de este estudio, se
busca promover un mayor entendimiento de la importancia de estas afinidades y su impacto en
la jurisprudencia actual. Además, esta investigación tiene como finalidad contribuir al debate
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académico sobre el papel del derecho penal y constitucional en la sociedad contemporánea y
proporcionar una base sólida para futuras investigaciones en el tema.
El derecho penal liberal se caracteriza por la limitación del poder punitivo del Estado,
la protección de los derechos y garantías individuales, y la búsqueda de la justicia y la
proporcionalidad en la aplicación de las penas." (Zaffaroni, 2011, p. 6).
"El derecho penal liberal se basa en el respeto a la dignidad humana, la limitación del
poder punitivo, la proporcionalidad de las penas y la búsqueda de la reinserción social del
delincuente." (Roxin, 2006, pp. 65-66).
"El derecho penal liberal se caracteriza por la protección de los derechos individuales, la
limitación del poder estatal, la búsqueda de la justicia y la proporcionalidad en la aplicación de
las sanciones penales." (Ferrajoli, 2011, pp.103-104)
El derecho penal liberal es una rama del derecho que se basa en la protección de los
derechos individuales y en la limitación del poder punitivo del Estado. Se caracteriza por
garantizar los principios de legalidad y culpabilidad, así como por promover la igualdad ante
la ley. Además, busca respetar las garantías procesales de los individuos involucrados en un
proceso penal. Estos principios fundamentales del derecho penal liberal están estrechamente
relacionados con el sistema constitucional de un país, ya que se basan en los valores y
principios constitucionales que protegen los derechos humanos y establecen los límites del
poder del Estado.
El derecho penal liberal puede definirse como aquella rama del derecho encargada de regular
las conductas delictivas y establecer las consecuencias jurídicas correspondientes, respetando
los principios fundamentales del liberalismo y los derechos humanos. Sus características
principales incluyen la protección de los derechos individuales, la necesidad de una culpabilidad
comprobada, la prohibición de la retroactividad de la ley penal, la proporcionalidad de las
penas y la primacía de los derechos humanos. Además, busca establecer un equilibrio entre
la intervención estatal para proteger a la sociedad y el respeto a la autonomía e integridad de
las personas.
El derecho penal liberal guarda estrecha relación con el sistema constitucional de un país. El
sistema constitucional establece los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos,
así como los límites y controles al poder del Estado. El derecho penal liberal se encarga
de proteger estos derechos y limitar el poder punitivo del Estado a través de la aplicación
de principios como el de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad y garantías procesales.
Además, el sistema constitucional establece los valores y principios en los que se basa el
Revista de Postgrados de Derecho Vol. 1 No. 1 Año 2025
académico sobre el papel del derecho penal y constitucional en la sociedad contemporánea y
proporcionar una base sólida para futuras investigaciones en el tema.
El derecho penal liberal se caracteriza por la limitación del poder punitivo del Estado,
la protección de los derechos y garantías individuales, y la búsqueda de la justicia y la
proporcionalidad en la aplicación de las penas." (Zaffaroni, 2011, p. 6).
"El derecho penal liberal se basa en el respeto a la dignidad humana, la limitación del
poder punitivo, la proporcionalidad de las penas y la búsqueda de la reinserción social del
delincuente." (Roxin, 2006, pp. 65-66).
"El derecho penal liberal se caracteriza por la protección de los derechos individuales, la
limitación del poder estatal, la búsqueda de la justicia y la proporcionalidad en la aplicación de
las sanciones penales." (Ferrajoli, 2011, pp.103-104)
El derecho penal liberal es una rama del derecho que se basa en la protección de los
derechos individuales y en la limitación del poder punitivo del Estado. Se caracteriza por
garantizar los principios de legalidad y culpabilidad, así como por promover la igualdad ante
la ley. Además, busca respetar las garantías procesales de los individuos involucrados en un
proceso penal. Estos principios fundamentales del derecho penal liberal están estrechamente
relacionados con el sistema constitucional de un país, ya que se basan en los valores y
principios constitucionales que protegen los derechos humanos y establecen los límites del
poder del Estado.
El derecho penal liberal puede definirse como aquella rama del derecho encargada de regular
las conductas delictivas y establecer las consecuencias jurídicas correspondientes, respetando
los principios fundamentales del liberalismo y los derechos humanos. Sus características
principales incluyen la protección de los derechos individuales, la necesidad de una culpabilidad
comprobada, la prohibición de la retroactividad de la ley penal, la proporcionalidad de las
penas y la primacía de los derechos humanos. Además, busca establecer un equilibrio entre
la intervención estatal para proteger a la sociedad y el respeto a la autonomía e integridad de
las personas.
El derecho penal liberal guarda estrecha relación con el sistema constitucional de un país. El
sistema constitucional establece los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos,
así como los límites y controles al poder del Estado. El derecho penal liberal se encarga
de proteger estos derechos y limitar el poder punitivo del Estado a través de la aplicación
de principios como el de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad y garantías procesales.
Además, el sistema constitucional establece los valores y principios en los que se basa el
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derecho penal liberal, como la igualdad ante la ley y el respeto a la dignidad humana. Ambas
ramas del derecho trabajan en conjunto para proteger los derechos individuales y garantizar
un sistema de justicia justo y equitativo.
"El constitucionalismo actual se caracteriza por el reconocimiento de los derechos
fundamentales como límites al poder del Estado, la supremacía de la Constitución y el control
de la constitucionalidad de las leyes." (Häberle, 2016, p. 3).
"El constitucionalismo actual implica la subordinación del poder político al ordenamiento
jurídico, la garantía de los derechos fundamentales y la separación de poderes como
mecanismo de control del poder" (Zagrebelsky, 2011, p. 21).
"El constitucionalismo actual se basa en la idea de una Constitución como norma jurídica
suprema, que establece límites y controles al poder del Estado y garantiza los derechos y
libertades de los ciudadanos" (Pérez Royo, 2014, p. 115).
El constitucionalismo actual se refiere al conjunto de ideas, principios y normas que configuran
el sistema constitucional de un país en la actualidad. Ha evolucionado a lo largo del tiempo,
adaptándose a las necesidades y demandas de la sociedad. En la actualidad, se caracteriza
por buscar el equilibrio entre los poderes del Estado, garantizando los derechos y libertades
individuales de los ciudadanos. Su objetivo es asegurar la protección de la dignidad humana
y promover la igualdad ante la ley. El constitucionalismo actual se basa en principios y valores
constitucionales que guían la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
El constitucionalismo actual interactúa de manera estrecha con el derecho penal liberal.
Ambas ramas del derecho comparten la preocupación por proteger los derechos individuales
y garantizar un sistema de justicia equitativo. El derecho penal liberal se basa en los principios
de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad de las penas, los cuales son fundamentales
para asegurar el respeto a los derechos de los ciudadanos. El constitucionalismo actual, por
su parte, establece los límites y los mecanismos de control del poder punitivo del Estado,
asegurando que se respeten los derechos fundamentales de los individuos en el ámbito penal.
Ambas ramas del derecho se complementan y colaboran en la protección de los derechos y
libertades de los ciudadanos.
Existen numerosas afinidades entre el derecho penal liberal y el constitucionalismo actual.
Ambas ramas del derecho comparten principios fundamentales relacionados con la protección
de los derechos individuales, las garantías procesales, la limitación del poder punitivo, el respeto
al principio de legalidad y la promoción de la igualdad ante la ley. Estas afinidades se basan en
la concepción de que el Estado debe respetar y proteger los derechos fundamentales de las
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derecho penal liberal, como la igualdad ante la ley y el respeto a la dignidad humana. Ambas
ramas del derecho trabajan en conjunto para proteger los derechos individuales y garantizar
un sistema de justicia justo y equitativo.
"El constitucionalismo actual se caracteriza por el reconocimiento de los derechos
fundamentales como límites al poder del Estado, la supremacía de la Constitución y el control
de la constitucionalidad de las leyes." (Häberle, 2016, p. 3).
"El constitucionalismo actual implica la subordinación del poder político al ordenamiento
jurídico, la garantía de los derechos fundamentales y la separación de poderes como
mecanismo de control del poder" (Zagrebelsky, 2011, p. 21).
"El constitucionalismo actual se basa en la idea de una Constitución como norma jurídica
suprema, que establece límites y controles al poder del Estado y garantiza los derechos y
libertades de los ciudadanos" (Pérez Royo, 2014, p. 115).
El constitucionalismo actual se refiere al conjunto de ideas, principios y normas que configuran
el sistema constitucional de un país en la actualidad. Ha evolucionado a lo largo del tiempo,
adaptándose a las necesidades y demandas de la sociedad. En la actualidad, se caracteriza
por buscar el equilibrio entre los poderes del Estado, garantizando los derechos y libertades
individuales de los ciudadanos. Su objetivo es asegurar la protección de la dignidad humana
y promover la igualdad ante la ley. El constitucionalismo actual se basa en principios y valores
constitucionales que guían la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
El constitucionalismo actual interactúa de manera estrecha con el derecho penal liberal.
Ambas ramas del derecho comparten la preocupación por proteger los derechos individuales
y garantizar un sistema de justicia equitativo. El derecho penal liberal se basa en los principios
de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad de las penas, los cuales son fundamentales
para asegurar el respeto a los derechos de los ciudadanos. El constitucionalismo actual, por
su parte, establece los límites y los mecanismos de control del poder punitivo del Estado,
asegurando que se respeten los derechos fundamentales de los individuos en el ámbito penal.
Ambas ramas del derecho se complementan y colaboran en la protección de los derechos y
libertades de los ciudadanos.
Existen numerosas afinidades entre el derecho penal liberal y el constitucionalismo actual.
Ambas ramas del derecho comparten principios fundamentales relacionados con la protección
de los derechos individuales, las garantías procesales, la limitación del poder punitivo, el respeto
al principio de legalidad y la promoción de la igualdad ante la ley. Estas afinidades se basan en
la concepción de que el Estado debe respetar y proteger los derechos fundamentales de las
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personas, asegurando un procedimiento justo y equitativo en el ámbito penal, y garantizando
que el ejercicio del poder punitivo se encuentre dentro de los límites establecidos por la ley.
Ambas ramas del derecho se complementan y se refuerzan mutuamente, creando un marco
legal que busca salvaguardar los derechos de los ciudadanos y promover una sociedad justa
y equitativa.
Tanto el derecho penal liberal como el constitucionalismo actual comparten el objetivo de
proteger los derechos individuales de las personas. Ambas ramas del derecho se basan en la
premisa de que todos los individuos tienen derechos fundamentales que deben ser respetados
y protegidos por el Estado. En el ámbito penal, esto implica que ninguna persona puede ser
sometida a un castigo o privación de libertad sin un debido proceso legal, y que se deben
respetar sus garantías individuales durante todo el procedimiento. En el constitucionalismo
actual, por su parte, se busca garantizar que los derechos fundamentales de las personas
estén reconocidos y protegidos en la Constitución, y que el Estado tenga la obligación de
respetarlos y asegurar su pleno ejercicio y disfrute. Ambas ramas del derecho se complementan
y se refuerzan mutuamente en la protección de los derechos individuales.
Tanto el derecho penal liberal como el constitucionalismo actual establecen la importancia de
garantizar un debido proceso legal en los procedimientos penales. Ambas ramas del derecho
reconocen la necesidad de que las personas acusadas de delitos tengan acceso a un juicio
imparcial, a la asistencia de abogados, a la presentación de pruebas y a la posibilidad de ejercer
su defensa. Además, se busca asegurar que los procedimientos penales se lleven a cabo de
manera transparente y que se respeten los derechos de las personas en todo momento. El
derecho penal liberal y el constitucionalismo actual se complementan en la búsqueda de
garantizar que los procesos penales sean justos y equitativos, evitando así abusos por parte
del Estado y protegiendo los derechos individuales de las personas involucradas en ellos.
Tanto el derecho penal liberal como el constitucionalismo actual establecen la importancia
de limitar el poder punitivo del Estado. Ambas ramas del derecho reconocen que el poder
punitivo debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la ley y que no puede haber
abusos en su ejercicio. Esto implica que las penas y sanciones deben ser proporcionales al
delito cometido, evitando así castigos excesivos o desproporcionados. Además, se busca
garantizar que las personas acusadas de delitos sean consideradas inocentes hasta que
se demuestre su culpabilidad y que el Estado no tenga un poder arbitrario para perseguir y
castigar a las personas. El derecho penal liberal y el constitucionalismo actual se unen en la
limitación del poder punitivo, con el objetivo de garantizar un sistema penal justo y equilibrado.
Las afinidades entre el derecho penal liberal y el constitucionalismo actual revisten una gran
importancia para el sistema jurídico. Estas afinidades garantizan la protección de los derechos
individuales de las personas, aseguran el debido proceso y las garantías procesales, limitan el
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personas, asegurando un procedimiento justo y equitativo en el ámbito penal, y garantizando
que el ejercicio del poder punitivo se encuentre dentro de los límites establecidos por la ley.
Ambas ramas del derecho se complementan y se refuerzan mutuamente, creando un marco
legal que busca salvaguardar los derechos de los ciudadanos y promover una sociedad justa
y equitativa.
Tanto el derecho penal liberal como el constitucionalismo actual comparten el objetivo de
proteger los derechos individuales de las personas. Ambas ramas del derecho se basan en la
premisa de que todos los individuos tienen derechos fundamentales que deben ser respetados
y protegidos por el Estado. En el ámbito penal, esto implica que ninguna persona puede ser
sometida a un castigo o privación de libertad sin un debido proceso legal, y que se deben
respetar sus garantías individuales durante todo el procedimiento. En el constitucionalismo
actual, por su parte, se busca garantizar que los derechos fundamentales de las personas
estén reconocidos y protegidos en la Constitución, y que el Estado tenga la obligación de
respetarlos y asegurar su pleno ejercicio y disfrute. Ambas ramas del derecho se complementan
y se refuerzan mutuamente en la protección de los derechos individuales.
Tanto el derecho penal liberal como el constitucionalismo actual establecen la importancia de
garantizar un debido proceso legal en los procedimientos penales. Ambas ramas del derecho
reconocen la necesidad de que las personas acusadas de delitos tengan acceso a un juicio
imparcial, a la asistencia de abogados, a la presentación de pruebas y a la posibilidad de ejercer
su defensa. Además, se busca asegurar que los procedimientos penales se lleven a cabo de
manera transparente y que se respeten los derechos de las personas en todo momento. El
derecho penal liberal y el constitucionalismo actual se complementan en la búsqueda de
garantizar que los procesos penales sean justos y equitativos, evitando así abusos por parte
del Estado y protegiendo los derechos individuales de las personas involucradas en ellos.
Tanto el derecho penal liberal como el constitucionalismo actual establecen la importancia
de limitar el poder punitivo del Estado. Ambas ramas del derecho reconocen que el poder
punitivo debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la ley y que no puede haber
abusos en su ejercicio. Esto implica que las penas y sanciones deben ser proporcionales al
delito cometido, evitando así castigos excesivos o desproporcionados. Además, se busca
garantizar que las personas acusadas de delitos sean consideradas inocentes hasta que
se demuestre su culpabilidad y que el Estado no tenga un poder arbitrario para perseguir y
castigar a las personas. El derecho penal liberal y el constitucionalismo actual se unen en la
limitación del poder punitivo, con el objetivo de garantizar un sistema penal justo y equilibrado.
Las afinidades entre el derecho penal liberal y el constitucionalismo actual revisten una gran
importancia para el sistema jurídico. Estas afinidades garantizan la protección de los derechos
individuales de las personas, aseguran el debido proceso y las garantías procesales, limitan el
125https://revistapostgradosderecho.cunori.edu.gt
Revista de Postgrados de Derecho Vol. 1 No. 1 Año 2025
poder punitivo del Estado, promueven el respeto al principio de legalidad y fomentan la igualdad
ante la ley. La interacción y complementariedad entre ambas ramas del derecho fortalecen el
sistema jurídico en su conjunto, al asegurar que los valores y principios constitucionales sean
respetados en el ámbito penal. Además, estas afinidades brindan certeza jurídica y confianza
a los ciudadanos, al garantizar que sus derechos serán protegidos y que los casos penales
serán tratados de acuerdo con los principios del constitucionalismo actual.
Es importante destacar la relevancia de las afinidades entre el derecho penal liberal y el
constitucionalismo actual. Estas afinidades demuestran cómo los principios y valores
constitucionales influyen y se reflejan en el ámbito penal, y cómo el derecho penal liberal se
enmarca dentro de un sistema constitucional sólido. Es fundamental seguir promoviendo la
articulación entre ambas ramas del derecho, a fin de fortalecer el sistema jurídico y garantizar
la protección de los derechos individuales en el ámbito penal.
Conclusión
Las tendencias garantistas en el Derecho Penal se centran en la protección de los derechos
fundamentales del individuo frente al poder del Estado. Estas corrientes abogan por un
equilibrio entre la seguridad pública y las garantías procesales, promoviendo un enfoque que
limita el uso del poder punitivo. El garantismo busca asegurar un sistema penal más justo y
humano, donde se priorice la dignidad y los derechos de las personas, previniendo abusos y
garantizando un debido proceso.
En síntesis, las tendencias garantistas en el Derecho Penal representan un avance significativo
hacia la construcción de un sistema de justicia que respete y proteja los derechos fundamentales
de las personas. Al poner el foco en la dignidad humana, la presunción de inocencia y la
limitación del poder punitivo, este enfoque busca evitar abusos y asegurar un trato justo
para todos los ciudadanos. Aunque enfrenta retos en un contexto donde la seguridad puede
primar sobre las garantías individuales, el garantismo sigue siendo esencial para promover
un equilibrio entre la justicia y la protección de los derechos humanos, contribuyendo a la
consolidación de democracias más robustas y justas.
Referencias
Balcigalupo, E. (2004). Derecho Penal: Parte General. Ediciones Hammurabi S.R.L. https://
proyectozero24.com/wp-content/uploads/2021/09/Bacigalupo-1999-Derecho-Penal.-Par-
te-General.pdf
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poder punitivo del Estado, promueven el respeto al principio de legalidad y fomentan la igualdad
ante la ley. La interacción y complementariedad entre ambas ramas del derecho fortalecen el
sistema jurídico en su conjunto, al asegurar que los valores y principios constitucionales sean
respetados en el ámbito penal. Además, estas afinidades brindan certeza jurídica y confianza
a los ciudadanos, al garantizar que sus derechos serán protegidos y que los casos penales
serán tratados de acuerdo con los principios del constitucionalismo actual.
Es importante destacar la relevancia de las afinidades entre el derecho penal liberal y el
constitucionalismo actual. Estas afinidades demuestran cómo los principios y valores
constitucionales influyen y se reflejan en el ámbito penal, y cómo el derecho penal liberal se
enmarca dentro de un sistema constitucional sólido. Es fundamental seguir promoviendo la
articulación entre ambas ramas del derecho, a fin de fortalecer el sistema jurídico y garantizar
la protección de los derechos individuales en el ámbito penal.
Conclusión
Las tendencias garantistas en el Derecho Penal se centran en la protección de los derechos
fundamentales del individuo frente al poder del Estado. Estas corrientes abogan por un
equilibrio entre la seguridad pública y las garantías procesales, promoviendo un enfoque que
limita el uso del poder punitivo. El garantismo busca asegurar un sistema penal más justo y
humano, donde se priorice la dignidad y los derechos de las personas, previniendo abusos y
garantizando un debido proceso.
En síntesis, las tendencias garantistas en el Derecho Penal representan un avance significativo
hacia la construcción de un sistema de justicia que respete y proteja los derechos fundamentales
de las personas. Al poner el foco en la dignidad humana, la presunción de inocencia y la
limitación del poder punitivo, este enfoque busca evitar abusos y asegurar un trato justo
para todos los ciudadanos. Aunque enfrenta retos en un contexto donde la seguridad puede
primar sobre las garantías individuales, el garantismo sigue siendo esencial para promover
un equilibrio entre la justicia y la protección de los derechos humanos, contribuyendo a la
consolidación de democracias más robustas y justas.
Referencias
Balcigalupo, E. (2004). Derecho Penal: Parte General. Ediciones Hammurabi S.R.L. https://
proyectozero24.com/wp-content/uploads/2021/09/Bacigalupo-1999-Derecho-Penal.-Par-
te-General.pdf
126https://revistapostgradosderecho.cunori.edu.gt
Revista de Postgrados de Derecho Vol. 1 No. 1 Año 2025
Beccaria, C. (1964). De los delitos y de las penas. Alianza Editorial. https://e-archivo.uc3m.es/
rest/api/core/bitstreams/eedbf599-daa5-4b33-8a7b-709373b4b1c9/content
Bentham, J. (1979). El Panóptico. La Piqueta. https://iedimagen.wordpress.com/wp-content/
uploads/2012/02/bentham-jeremy-el-panoptico-1791.pdf
Claus, R. (2006). Derecho Penal: Parte General, Tomo I. Editorial Civitas, S.A. https://img.lpde-
recho.pe/wp-content/uploads/2020/03/derecho_penal_-_parte_general_-_claus_roxin-LP.pdf
Cuello Calón, E. (1942). Derecho Penal. Bosch. http://biblioteca.oj.gob.gt/opac/recor-
d/2273?&query=@autor=CUELLO%20CALON,%20EUGENIO.%20CATEDRATICO%20
DE%20LA%20FACULTAD%20DE%20DERECHO.%20MIEMBRO%20DE%20NU-
MERO%20DE%20LAS%20REALES%20ACAEMIAS%20DE%20CIENCIAS%20
MORALES%20Y%20POLITICAS%20Y%20DE%20JURISPRUDENCIA%20Y%20
LEGISLACION.&recnum=1
De León Velasco, H. A., & De Mata Vela, J. F. (2009). Derecho Penal Guatemalteco, Parte Ge-
neral y Parte Especial. Guatemala: Editorial, Magna Terra Ediciones. https://es.slideshare.
net/slideshow/derechopenalguatemaltecojosefranciscomatavelapdf/253748447
Ferrajoli, L. (1995). Derecho y razón: Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta. https://clea.
edu.mx/biblioteca/files/original/5694a779b4871166c0edb73b407c9529.pdf
Foucault, M. (2002). "Vigilar y Castigar: Nacimiento de la Prisión". Siglo veintiuno Editorres.
https://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf
Häberle, P. (2016). El Estado Constitucional. Universidad Autónoma de México, UNAM. https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4291/19.pdf
Hassemer, W. (2012). Introducción a la Criminología y al Derecho Penal. Tirant lo Blanch.
https://www.derechopenalenlared.com/libros/introduccion_a_la_criminologia_y_al_de-
recho_penal_hassemer_munoz_conde.pdf
Jescheck, H.-H. &. (2002). Tratado de Derecho Penal: Parte General. Editorial Comares. https://
proyectozero24.com/wp-content/uploads/2021/09/Jescheck-2014-Tratado-Derecho-Pe-
nal.-Parte-General.-Volumen-I.pdf
Revista de Postgrados de Derecho Vol. 1 No. 1 Año 2025
Beccaria, C. (1964). De los delitos y de las penas. Alianza Editorial. https://e-archivo.uc3m.es/
rest/api/core/bitstreams/eedbf599-daa5-4b33-8a7b-709373b4b1c9/content
Bentham, J. (1979). El Panóptico. La Piqueta. https://iedimagen.wordpress.com/wp-content/
uploads/2012/02/bentham-jeremy-el-panoptico-1791.pdf
Claus, R. (2006). Derecho Penal: Parte General, Tomo I. Editorial Civitas, S.A. https://img.lpde-
recho.pe/wp-content/uploads/2020/03/derecho_penal_-_parte_general_-_claus_roxin-LP.pdf
Cuello Calón, E. (1942). Derecho Penal. Bosch. http://biblioteca.oj.gob.gt/opac/recor-
d/2273?&query=@autor=CUELLO%20CALON,%20EUGENIO.%20CATEDRATICO%20
DE%20LA%20FACULTAD%20DE%20DERECHO.%20MIEMBRO%20DE%20NU-
MERO%20DE%20LAS%20REALES%20ACAEMIAS%20DE%20CIENCIAS%20
MORALES%20Y%20POLITICAS%20Y%20DE%20JURISPRUDENCIA%20Y%20
LEGISLACION.&recnum=1
De León Velasco, H. A., & De Mata Vela, J. F. (2009). Derecho Penal Guatemalteco, Parte Ge-
neral y Parte Especial. Guatemala: Editorial, Magna Terra Ediciones. https://es.slideshare.
net/slideshow/derechopenalguatemaltecojosefranciscomatavelapdf/253748447
Ferrajoli, L. (1995). Derecho y razón: Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta. https://clea.
edu.mx/biblioteca/files/original/5694a779b4871166c0edb73b407c9529.pdf
Foucault, M. (2002). "Vigilar y Castigar: Nacimiento de la Prisión". Siglo veintiuno Editorres.
https://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf
Häberle, P. (2016). El Estado Constitucional. Universidad Autónoma de México, UNAM. https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4291/19.pdf
Hassemer, W. (2012). Introducción a la Criminología y al Derecho Penal. Tirant lo Blanch.
https://www.derechopenalenlared.com/libros/introduccion_a_la_criminologia_y_al_de-
recho_penal_hassemer_munoz_conde.pdf
Jescheck, H.-H. &. (2002). Tratado de Derecho Penal: Parte General. Editorial Comares. https://
proyectozero24.com/wp-content/uploads/2021/09/Jescheck-2014-Tratado-Derecho-Pe-
nal.-Parte-General.-Volumen-I.pdf
127https://revistapostgradosderecho.cunori.edu.gt
Revista de Postgrados de Derecho Vol. 1 No. 1 Año 2025
Jiménez De Asúa, L. (1958). Tratado de Derecho Penal. Buenos Aires, Argentina.https://core.
ac.uk/download/pdf/288500753.pdf
Mir Puig, S. (2016). Derecho Penal. Parte General. Reppertor. https://proyectozero24.com/
wp-content/uploads/2021/09/Mir-Puig-2006-Derecho-Penal.-Parte-General.pdf
Montesquieu. (2000). "El Espiritu de las Leyes". España: Editorial: Tecnos. https://www.prd.org.
mx/libros/documentos/libros/espiritu-leyes.pdf
Muñoz Conde, F. (2015). Introducción al Derecho Penal. B de F. https://bibliotecavirtualceug.
wordpress.com/wp-content/uploads/2017/06/introduccion_derecho_penal_conde.pdf
Pérez Royo, J. (2014). Curso de Derecho Constitucional. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y
Sociales, S.A. https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788491235613.pdf
Puig Peña, F. (1968). Derecho Penal. Revista de Derecho Privado. https://proyectozero24.com/
wp-content/uploads/2021/09/Mir-Puig-2006-Derecho-Penal.-Parte-General.pdf
Roxin, C. (1997). Derecho Penal parte general, tomo I, Fundamentos la Estructura de la Teoría
del Delito. Editorial Civitas. https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/03/de-
recho_penal_-_parte_general_-_claus_roxin-LP.pdf
Zaffaroni, E. R. (2011). Manual de Derecho Penal: Parte General. EDIAR. https://penalparali-
bres.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/06/penal-parte-general-zaffaroni.pdf
Zagrebelsky, G. (2011). El Derecho Dúctil. Editorial Trotta. https://www.trotta.es/libros/
el-derecho-ductil/9788498796728/
Sobre la autora
Jennifer Nineth Arias Nájera
Estudiante del Doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal, actualmente tiene pensum de
estudios culminados de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, graduada en la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Mariano Gálvez de Guatemala.
Revista de Postgrados de Derecho Vol. 1 No. 1 Año 2025
Jiménez De Asúa, L. (1958). Tratado de Derecho Penal. Buenos Aires, Argentina.https://core.
ac.uk/download/pdf/288500753.pdf
Mir Puig, S. (2016). Derecho Penal. Parte General. Reppertor. https://proyectozero24.com/
wp-content/uploads/2021/09/Mir-Puig-2006-Derecho-Penal.-Parte-General.pdf
Montesquieu. (2000). "El Espiritu de las Leyes". España: Editorial: Tecnos. https://www.prd.org.
mx/libros/documentos/libros/espiritu-leyes.pdf
Muñoz Conde, F. (2015). Introducción al Derecho Penal. B de F. https://bibliotecavirtualceug.
wordpress.com/wp-content/uploads/2017/06/introduccion_derecho_penal_conde.pdf
Pérez Royo, J. (2014). Curso de Derecho Constitucional. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y
Sociales, S.A. https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788491235613.pdf
Puig Peña, F. (1968). Derecho Penal. Revista de Derecho Privado. https://proyectozero24.com/
wp-content/uploads/2021/09/Mir-Puig-2006-Derecho-Penal.-Parte-General.pdf
Roxin, C. (1997). Derecho Penal parte general, tomo I, Fundamentos la Estructura de la Teoría
del Delito. Editorial Civitas. https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/03/de-
recho_penal_-_parte_general_-_claus_roxin-LP.pdf
Zaffaroni, E. R. (2011). Manual de Derecho Penal: Parte General. EDIAR. https://penalparali-
bres.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/06/penal-parte-general-zaffaroni.pdf
Zagrebelsky, G. (2011). El Derecho Dúctil. Editorial Trotta. https://www.trotta.es/libros/
el-derecho-ductil/9788498796728/
Sobre la autora
Jennifer Nineth Arias Nájera
Estudiante del Doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal, actualmente tiene pensum de
estudios culminados de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, graduada en la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Mariano Gálvez de Guatemala.
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Financiamiento de la investigación
Investigación realizada con recursos propios.
Declaración de intereses
Declaro no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados
obtenidos o las interpretaciones propuestas.
Declaración de consentimiento informado
El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.
Derechos de uso
Copyright© 2025. Jennifer Nineth Arias Nájera. Este texto está protegido por la
Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
Es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar
el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito,
incluso para fines comerciales, siempre que cumpla la condición de: Atribución: Debe dar
crédito a la obra original de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar
si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma
tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace de la obra.
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tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace de la obra.
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